Santo Domingo, R.D. – El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, y esa institución fueron demandados ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) por presunto desacato, tras alegadamente incumplir sentencias definitivas que ordenan el pago de derechos adquiridos e incentivos laborales a favor de servidores públicos de carrera.
Según informó Oliver Batia, director del Centro Jurídico Batia Ramos y representante legal de los demandantes, el Ministerio de Obras Públicas fue formalmente notificado de dos sentencias emitidas por el TSA que ordenan el pago de incentivos de rendimiento individual, bonos de carrera administrativa, vacaciones acumuladas y otros beneficios laborales a favor de las servidoras públicas Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez y Joanne Carlos de la Altagracia Molina Romero.
“Hemos intentado por todos los medios que el MOPC cumpla con lo establecido en estas sentencias, pero la negativa del Ministerio nos obliga a recurrir a las acciones legales correspondientes para reivindicar los derechos de estas trabajadoras”, expresó Batia.
El abogado explicó que ambas decisiones adquirieron carácter definitivo luego de que la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia certificara la inexistencia de recursos de casación pendientes, agotándose además todas las vías ordinarias de impugnación.
Las sentencias, junto con las certificaciones de firmeza y los correspondientes mandamientos de pago, fueron notificadas mediante actos de alguacil al ministro Rafael Eduardo Estrella Virella, dando inicio formal al proceso de ejecución judicial.
En el caso de Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez, la Primera Sala del TSA ordenó al MOPC el pago de RD$731,380.39 por concepto de incentivos de rendimiento individual, incentivos colectivos SISMAP, bonos de carrera administrativa y 60 días de vacaciones acumuladas, conforme a la Ley 41-08 de Función Pública.
La sentencia estableció además una astreinte o multa coercitiva de RD$5,000 diarios por cada día de incumplimiento una vez vencido el plazo legal para ejecutar la decisión. De acuerdo con la documentación judicial, la sanción comenzó a computarse el 1 de diciembre de 2025 y, al 23 de junio de 2026, acumula RD$1,025,000.
Por otro lado, la Quinta Sala del TSA acogió parcialmente la demanda presentada por Joanne Carlos de la Altagracia Molina Romero y ordenó al Ministerio revisar el reajuste salarial reclamado, además de pagar RD$346,362.19 por concepto de incentivos de rendimiento individual, incentivos colectivos SISMAP, bonos de carrera administrativa y vacaciones acumuladas.
En ambas decisiones, el tribunal descartó la responsabilidad patrimonial personal de los funcionarios demandados y declaró los procesos libres de costas.
Las dos sentencias suman un monto total de RD$1,077,742.58 a favor de las demandantes, sin incluir la multa coercitiva generada por el incumplimiento en el caso de Castillo Rodríguez.
Asimismo, el Tribunal Superior Administrativo fijó para el 28 de julio de 2026 una audiencia para conocer una nueva demanda en responsabilidad patrimonial presentada por Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez contra el Ministerio de Obras Públicas y su actual titular.
La acción judicial sostiene que la falta de ejecución de las sentencias ha generado perjuicios económicos a las demandantes y busca que se determine la responsabilidad patrimonial del Estado por el presunto incumplimiento de decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
