Santo Domingo, R.D.– La Coalición Por la Ratificación del Acuerdo de Escazú, representada por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, denunciaron que el Tribunal Constitucional desvinculó a la República Dominicana de la comunidad Internacional, al sentar como jurisprudencia definitiva mediante sentencia TC/0076/23 del 25 de enero de 2023, declarando no conforme con la Constitución el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, la participación pública, acceso a la justicia y protección de los defensores en asuntos ambientales.
El Acuerdo de Escazú es el instrumento jurídico regional más importante sobre derechos humanos. Hasta la fecha ha sido firmado por veinticinco países de América Latina y el Caribe y de estos, catorce lo han ratificado hasta la fecha
Observó el colectivo que no es nueva la tendencia del Tribunal Constitucional de aislar la República Dominicana de la comunidad internacional.
Recordaron que mediante la sentencia TC/0256/14 del 4 de noviembre de 2014, el Tribunal constitucional desvinculó el país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que los dominicanos de ascendencia haitiana no tuvieran una jurisdicción fuera del país donde quejarse, producto de que mediante la sentencia TC/0168/13 habían sido despojado de la nacionalidad dominicana, incluso quitándoles a muchos de ellos sus actas de nacimiento y sus cédulas de identidad y electoral, ya adquiridos de los organismos oficiales.
Consideran que es peligrosa la tendencia del Tribunal Constitucional, porque está sustituyendo los poderes públicos constitucionalmente establecidos como el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, que son los que mediante un proceso pueden retirar la República Dominicana de algún acuerdo o tratado internacional.
“Sin embargo estos poderes no se han percatado que con estas sentencias del Tribunal Constitucional queda un solo poder en República Dominicana que es el Tribunal Constitucional, y peor aún, está suprimiendo toda vinculación que tiene el país desde antes de 1945 con organismos de la comunidad internacional”, afirmaron.
Explicaron que el Tribunal Constitucional declaró no conforme el Acuerdo de Escazu con la Contitución alegando que afecta el principio de soberanía nacional al reconocer este convenio internacional la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resoluver controversias.
Plantearon que con esta sentencia contra el Acuerdo de Escazú, el Tribunal Constitucional ha eliminado en la práctica todos los convenios y acuerdos internacionales de los que forma parte la República Dominicana, toda vez que no hay un solo compromiso internacional que no tenga cómo resolver las controversias, que no sea sometiéndolo a un tercero imparcial.
Calificaron la postura del Tribunal Constitucional de pseudo soberanismo chovinista y xenófobo propio de regímenes autoritarios y fascistas.
Advirtieron que esta sentencia coloca a la República Dominicana junto a los países que desconocen los derechos humanos y la vigencia del estado de derecho, y que para mantener esta situación desconocen los tratados, convenios internacionales y decisiones de organismos multilaterales que protegen el régimen democrático.
Señalaron que el ego de este tribunal ha crecido tanto que con esta sentencia rechazando el Acuerdo de Escazú sustituye la comunidad internacional y a los Poderes Públicos, erigiéndose como el único competente para dirimir y conocer los asuntos relacionados con el país cuando se trate de derechos humanos o cualquier cuestión importante.
Hicieron un llamado a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, a la Corte Internacional de Justicia, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las distintas comisiones de derechos humanos y en particular a los poderes públicos de la República Dominicana, para que exijan al Tribunal Constitucional que rectifique la sentencia TC/0076/23 del 25 de enero de 2023, que declaró no conforme con la Constitución el Acuerdo de Escazú, y de esa forma restituir las relaciones armónicas con la comunidd internacional.
Anunciaron que demandarán desde las calles que el Tribunal Constitucional rectifique esta sentencia que despoja al pueblo del derecho al acceso ambiental y de la posibilidad de recurrir a instancias internacionales ante abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en el país.
