Al dictar una conferencia durante un seminario celebrado en la Cancillería, el doctor Carlos Sánchez afirma que el sector energía es el principal emisor de gases de efecto invernaderos del país.
Santo Domingo, R.D.- El ambientalista y diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), doctor Carlos Sánchez proclamó este miércoles que la República Dominicana debe avanzar hacia la conversión de un sistema que garantice la soberanía energética basada en energías limpias y más baratas, por lo que urge ir abandonando el uso de combustibles fósiles.
Afirma que el sector energía es el principal emisor de gases de efecto invernaderos del país, con una contribución del 62.75% a las emisiones totales, lo que establece el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI),
“Según el índice de Riesgo Climático para el periodo 1999-2018, la República Dominicana ocupa la posición 50 entre alrededor de 181 países evaluados. Lo arrojado por este índice, denota la vulnerabilidad que tiene el país ante fenómenos climáticos que inciden en el territorio nacional de manera recurrente (CNCMDL)”, agregó.
El diputado Carlos Sánchez dictó la conferencia “Experiencias y desafíos para la Protección del Medio Ambiente, el Fomento de los Recursos Naturales y la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático en la República Dominicana., en el marco del Seminario: Intercambio de experiencias y de buenas prácticas para un medio ambiente sostenible y la lucha contra el Cambio Climático celebrado en la Cancillería.
Grandes Desafíos
En el contexto de su disertación el ambientalista dijo que el país tiene grandes retos por delante que deben ser enfrentados a corto, mediano y largo plazo, para garantizar la sostenibilidad ambiental del desarrollo nacional y la protección del CAPITAL AMBIENTAL.
Dentro de esos desafíos enumera la importancia de que se apruebe la Ley Nacional de Ordenamiento Territorial, para ir mitigando el crecimiento desordenado del desarrollo urbano y la poca adaptabilidad al calentamiento global en nuestro sistema urbano, que es uno de los grandes problemas del país para el desarrollo sostenible.
“El país aprobó recientemente la Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos, No. 225-20, y su reglamento sobre Residuos sólidos Sistema de Recogida, transporte, depósito y tratamiento de los residuos sólidos. Pero aún tenemos un largo trecho que recorrer debido a la pobre capacidad económica y resolutiva de los Ayuntamientos. Cada año, cientos de toneladas de basura se quedan acumuladas en las calles, avenida, áreas verdes, cañadas, patios y viviendas”, apuntó.
Dijo que cerca del 90 por ciento de las zonas urbanas no cuentan con sistema de eliminación de aguas residuales, siendo colocadas por la población en las aguas subterráneas mediante el uso de pozos. El pozo séptico es el método generalmente utilizado para el vertido de aguas residuales en el país, representando este el 76.8% en los hogares (ONE).
Otro reto, de acuerdo al doctor Carlos Sánchez es la ratificación cuanto antes del Acuerdo de Escazú, que fue firmado en 2018 por el país. “Este Acuerdo podría ayudar en el manejo de los conflictos y la gobernabilidad ambiental. Además, contribuiría a fortalecer la democracia promoviendo la participación de los grupos sociales en la toma de decisiones y en las políticas públicas en favor del medio ambiente”.
Buenas prácticas
Sobre las buenas prácticas en materia medioambiental, el ambientalista se refirió al informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “Inventarios Forestales de América Latina y el Caribe”, capítulo 24, donde la República Dominicana es uno de los países de la región que más ha avanzado en la protección y ampliación de su cobertura boscosa.
En este informe, dado a conocer por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la pasada semana, la República Dominicana al 2021 cuenta con 1,814,503 hectáreas con cobertura forestal, cantidad que equivale a un 37.7 % más un 5.1% de árboles frutales (café y cacao con sombra) para un total de 42.8 % del territorio nacional. En 1972, según el Primer INF, el país contaba con un 22.9% de cobertura.
