Santo Domingo, R.D.- La Comisión de Ecología Integral de Latinoamérica y el Caribe (CEILAC) adscrita al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), se solidariza con la lucha de las comunidades afectadas por las actividades mineras en la provincia Sánchez Ramírez, República Dominicana y denuncia ante el mundo, la militarización de las comunidades y violencia ejercida por parte de la empresa minera Barrick Gold y el gobierno dominicano en el día de ayer, 8 de enero, que ha dejado como resultado varios defensores comunitarios heridos y apresados, entre los cuales hay sacerdotes y laicos comprometidos con el cuidado de la creación según la Doctrina Social de la Iglesia.
Con un despliegue de centenares de militares y policías acompañados de vehículos de asaltos y armas de altos calibres, durante la madrugada de este miércoles 8 de enero, fueron asaltados los comunitarios que resisten a la instalaciones de una presa de relave en las comunidades de El Naranjo, Tres Bocas, Las Lajas, El Higo y Arroyo Vuelta imponiendo una brutal represión y creando un estado de incertidumbre y violencia generalizada en las comunidades como una forma amedrentar y acallar a la ciudadanía, creando así las condiciones para despojar a los campesinos y campesinas de sus predios y dar pasos a la instalación de una presa de cola que demanda la Barrick Gold con el pretexto
de extender la vida útil de la mina Barrick Pueblo Viejo. que se resiste a la expansión del extractivismo y al saqueo que han dejado como resultados personas heridas y apresadas.
La situación en la comunidad de Arroyo Vuelta continúa escalando, con reportes alarmantes de posibles actos de violencia masiva en las próximas horas. Según declaraciones públicas del padre Jhony Durán, se teme que un inminente avasallamiento por parte de los militares desemboque en un derramamiento de sangre comunitaria.
Según P. Jhony Durán, “La situación es grave… se espera que en minutos empiece el avasallamiento de las comunidades y se provoque un derramamiento de sangre comunitaria. Por lo que vemos, la comunidad no piensa retroceder, sigue firme hasta que el Estado cumpla con sus derechos).”
Así también el P. Jesús María “Ruddy” Lora, S.J., refirió que “El gobierno no puede seguir relegando un problema propio a la minera, que funge como un Estado paralelo.” Y que “La gente está súper indignada. Está abierta al diálogo, pero no es escuchada.”
El obispo local y varios sacerdotes de la zona, incluyendo representantes del Centro Montalvo, están presentes en el lugar como observadores y mediadores potenciales. Han reafirmado su compromiso de permanecer con las comunidades hasta que se garantice una solución justa y pacífica.
Desde este espacio de la CEILAC nos unimos a las voces de la Iglesia, al clamor popular y condenamos la acción cobarde y el plan represivo del gobierno puesto en marcha para proteger los intereses de la Barrick Gold en sus pretensiones de expandir sus actividades mineras en contra de las visiones de las comunidades campesinas de Cotuí, Sánchez Ramírez que defienden el derecho a vivir en paz en sus tierras y territorios y no dar pasos a la minería por las consecuencias ambientales y sociales que genera. El extractivismo necesita de muchas tierras, mucha agua, mucho subsuelo, muchas sustancias para maximizar ganancias en una pequeña isla con una alta fragilidad ambiental.
Alertamos sobre las manipulaciones de las empresas mineras que, en complicidad con los gobiernos presentan a la minería como una opción de desarrollo para el crecimiento económico, sin tomar en cuenta la voluntad popular de las comunidades que se opone a la minería por las implicaciones ambientales, la destrucción del tejido social y de la base material de la vida en los territorios.
Una vez más, se pone de manifiesto la resistencia de los pueblos en defensa de los territorios y la
preservación de la vida.
Demandamos.
1. Retiro inmediato de las tropas militares: Detener las agresiones y evitar una masacre.
2. Respeto a los derechos humanos y a las leyes nacionales: Las comunidades exigen que el gobierno y la empresa cumplan con sus responsabilidades legales y sociales.
3. Diálogo abierto y mediación de la Iglesia: Las comunidades han reiterado su disposición al diálogo bajo condiciones de respeto y justicia.
Desde la CEILAC, hacemos el Llamado Urgente a la Solidaridad: el apoyo nacional e internacional para denunciar esta situación y prevenir mayores violaciones a los derechos humanos.
