Las nuevas autoridades del Defensor del Pueblo toman hoy posesión tras ser electas el pasado jueves por el Senado y juramentas ayer en el Congreso Nacional, a dos años de vencer la primera gestión designada en mayo del 2013, presidida por la abogada Zoila Martínez Guante.
La campaña política que se desarrollaba en el país desde el 2019, con miras a la celebración de las elecciones del 2020 y la declaratoria en marzo del estado de emergencia, a causa de la pandemia del Covid 19, contribuyeron a retrasar la elección.
Esa tardanza motivó acciones judiciales ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que están pendientes de fallo, en las cuales se alega subversión del orden constitucional, al dejar pasar los plazos que establece la Carta Magna.
Cuestionamientos
Se cuestionó la facultad del Congreso Nacional de continuar con el procedimiento para la elección del Defensor del Pueblo, después de haber perimido el plazo constitucional para hacerlo, contenido en el artículo 192 de la Constitución.
Conforme a ese mandato, la Cámara de Diputados tenía que escoger las ternas en la legislatura ordinaria previa al cumplimiento del término del mandato de los designados y someterlas ante el Senado en un periodo que no exceda los 15 días siguientes a su aprobación. Y el Senado debía efectuar la elección antes de los 30 días siguientes.
“Vencidos los plazos sin que la Cámara de Diputados hubiere escogido y presentado las ternas, las mismas serán escogidas y presentadas al Senado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Si es el Senado el que no efectuare la elección en el plazo previsto, la Suprema Corte de Justicia elegirá de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados”, señala el párrafo del artículo 92 de la Carta Magna que invocaron los accionantes.
fuente: Listin Diario
