Por otro lado, la comisión decidió analizar unas negociaciones “sospechosas” para la adquisición de la vacuna india Covaxin.
Brazil.- Representantes de Google, Twitter y Facebook deberán comparecer ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado de Brasil para explicar los motivos por los que no retiraron de sus plataformas mensajes del presidente Jair Bolsonaro sobre el covid-19 que no tenían evidencia científica.
La CPI, que investiga desde hace semanas las posibles omisiones del Gobierno durante la pandemia, ratificó este miércoles la medida anunciada el pasado viernes por el senador Randolfe Rodrigues, presidente de la comisión.
Un día antes del anuncio de Rodrigues, Bolsonaro comentó en una de sus habituales retransmisiones en las redes sociales que contagiarse con el coronavirus es la forma más efectiva de inmunizarse.
Desde que comenzó la pandemia, Brasil ha registrado más de 504.000 muertes y ha superado los 18 millones de contagiados.
Y continuó: “Por mucho menos, Twitter o Facebook prohibieron [los mensajes] al señor Donald Trump”.
Negociaciones sospechosas
Este miércoles, la comisión decidió también que analizará unas negociaciones “sospechosas” para la adquisición de la vacuna india Covaxin.
El diputado federal Luis Claudio Miranda aseguró que su hermano, el titular del Departamento de Logística Sanitaria del Ministerio de Salud, Luis Ricardo Miranda, alertó directamente a Bolsonaro sobreindicios de irregularidades en las negociaciones del inmunizante indio.
En una declaraciones al Ministerio Público Federal, Miranda relató que sufrió “presiones anormales” para favorecer la compra de Covaxin.
El acuerdo de 1.600 millones de reales (unos 320 millones de dólares) por la compra de 20 millones de dosis de ese antígeno fue el valor más alto pagado hasta el momento por el Gobierno. El contrato lo firmó el Ministerio de Salud con la empresa Precisa, que representa en Brasil al laboratorio indio Bharat Biotech.
La fiscal federal Luciana Loureiro Oliveira destacó que la “omisión de acciones correctivas” y el alto precio pagado por el Gobierno por las dosis de vacunas “hacen que el caso sea investigado en el ámbito penal”.
Fuente: RT
